Ven justicia no esta preparada para casos de corrupcion

SANTO DOMINGO.- Los jueces que administran justicia en los tribunales no están preparados para avanzar en la lucha contra la corrupción  y la impunidad, según una inquietud  de la dirección del movimiento cívico  Participación Ciudadana.

Además, se mantiene el temor  de la ciudadanía frente a la delincuencia, mientras son pocos las personas que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la Policía.

Dijeron que su planteamiento se sustenta en los resultados de los fallos en los casos de Odebrecht, el de los aviones Super Tucanos; el del barrio Los Tres Brazos y el caso de la OMSA, en el que solo se condenó el asesinato del abogado Juniol Ramírez.

Sin embargo, en el 2022, este proceso se ha ralentizado en la justicia, principalmente por la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias, con excesivo tiempo en las posposiciones. 

Las mayores energías del Ministerio Público han estado dirigidas en este año al sostenimiento de los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir a la justicia por parte de imputados que cuentan con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos.

En su balance del 2022, el organismo de la sociedad civil también señala que en este año la economía dominicana ha resistido los factores adversos internacionales, manteniendo un fuerte crecimiento de su estabilidad.

Participación Ciudadana, además, expresa su preocupación por la falta de voluntad de la dirigencia política y los legisladores frente a las necesarias reformas que requiere el país.

Dijeron que es una pena que, en vez de lograr acuerdos para avanzar en tantas reformas pendientes, que todo el mundo reconoce como necesarias, el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas con relación a la migración haitiana, o en planteamientos contrarios a la institucionalidad, como lo fue el llamado a boicotear el censo nacional, una actividad obligatoria y necesaria, que no debe estar sujeta a proselitismo político.

Indica que el año 2022 estuvo marcado por importantes acciones que informan  que en el país se han logrado algunos avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público, como lo son la Contraloría General de la República (CGRD), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y con mayor protagonismo, la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).

También se destacan avances en el trabajo del principal órgano de control externo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), así como en las comisiones especiales del Congreso Nacional. 

La cantidad de denuncias ante los órganos de control, realizadas por diferentes programas de investigación periodística, la sociedad civil, proveedores y ciudadanos afectados e interesados, apunta a un mayor nivel de confianza y esperanza en el régimen de consecuencias.

A los casos ocurridos en el 2021, se sumaron en el presente año, la destitución o renuncia de varios funcionarios del gobierno, entre los que se destacan: el exministro de Educación Roberto Fulcar; el exdirector de INABIE Cecilio Rodríguez; el exsuperintendente de electricidad Rafael Velasco; el exministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla y la exdirectora ejecutiva del CONANI Ana Cecilia Morun Solano.

Tema haitiano

Participación Ciudadana ha sostenido la posición de respaldar el derecho del Estado dominicano de cumplir la normativa vigente con respecto a las políticas de control y regulación migratoria.

En el 2022, la situación de Haití se agravó enormemente, lo cual es un motivo de gran preocupación para el pueblo dominicano, sobre todo porque la comunidad internacional es poco lo que está haciendo para ayudar a nuestros vecinos a recuperar la gobernabilidad perdida.

Sin embargo, entendemos que, aun en las peores circunstancias, el país no debe permitir que ninguno de los agentes involucrados en esta problemática, incurra en actuaciones arbitrarias, violentas, violatorias a los derechos humanos, que afecten a los inmigrantes haitianos, ni mucho menos a dominicanos de origen haitiano o a humildes ciudadanos que, en algunos casos, son confundidos en las redadas, detenidos y sometidos a vejaciones y extorción, antes de ser puestos en libertad. 

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